El impacto del Crimen Organizado en México: Desafíos para la Democracia, las Instituciones y la visión hacia el Estado
El crimen organizado ha
sido una problemática latente en los Estados Unidos Mexicanos. A nivel internacional,
México es percibido como el tercer país con mayor puntuación de crimen
organizado; a nivel regional, como el segundo país con mayor presencia de
grupos delictivos organizados en Latinoamérica; y primer lugar en
Centroamérica, con un puntaje de 7,57 (Índice Global de Crimen Organizado,
2023a). Lo anterior son las consecuencias del contexto de México y del impacto
de los grupos delictivos organizados que, de acuerdo con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se establecen como
aquellos grupos compuestos por tres personas o más, que tienen como objetivo
cometer uno o más delitos graves para buscar algún beneficio económico u otro
tipo de beneficio (2003).
México, históricamente,
ha sido afectado por el crimen organizado. Desde la Revolución Mexicana, cuando
se penalizan las sustancias psicoactivas y su comercio, inicia la lucha contra
los grupos delictivos organizados por drogas. Sin embargo, esta situación se
vio intensificada por los grupos de migrantes que empezaron los cultivos y el
comercio de opioides a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI (Olmedo,
2018, p.10). Así, México se ha caracterizado por una lucha ineficiente en
contra de los grupos delictivos organizados.
Diversas
investigaciones muestran que, durante la segunda mitad del siglo XX, ni los
altos responsables políticos ni los de la Policía buscaron erradicar
verdaderamente el crimen organizado. Por el contrario, trataron de controlarlo
y contenerlo a través de la corrupción y la negociación con las redes
delincuenciales. Su objetivo era doble: enriquecerse personalmente y utilizar a
los criminales como secuaces para las operaciones policiales de base contra los
opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Nueva Sociedad,
2015).
Por lo tanto, la cultura
mexicana desde 1910 se ha visto permeada por el crimen organizado y ha ido
creciendo su influencia en la actualidad del Estado y la sociedad civil. No
obstante, a pesar de la historia de México, el gobierno ha efectuado programas
para combatir el crimen organizado. “Durante el periodo del 11 al 24 de julio,
las acciones conjuntas de las fuerzas federales permitieron la detención de 18
integrantes de seis bandas delictivas en Baja California, Estado de México,
Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora” (Gobierno de México, 2023). De tal
forma que la problemática en México por el crimen organizado ha generado
controversias y dificultades a la población civil.
Así, surge la pregunta de
¿cómo la influencia de los grupos delictivos organizados perjudica la
democracia y la confianza en las instituciones en los Estados Unidos Mexicanos?
Ya que, a pesar del intento institucional por disminuir la influencia de los cárteles
de droga en las instituciones del Estado mexicano, la presencia de estas
organizaciones criminales genera desconfianza, violencia y corrupción, lo cual
perjudica el ejercicio de la democracia y las instituciones.
La resiliencia estatal
ante la influencia del crimen organizado en las instituciones: La lucha contra
el crimen organizado
Actualmente, el Estado
mexicano ha sufrido por su imagen de corrupción y nexos con grupos delictivos
organizados a nivel internacional. Sin embargo, ha demostrado un factor de
resiliencia. Según el Índice Global del Crimen Organizado (IGCO), la resiliencia
mide “las medidas políticas, económicas, sociales y/o legales que adoptan en
cada país los actores estatales y no estatales para resistir y desmantelar las
actividades del crimen organizado en su conjunto” (2023b). Desde el gobierno,
se han ejecutado acciones a nivel legal, militar y ejecutivo para disminuir la
influencia de grupos al margen de la ley. Por ejemplo, el Sistema Nacional
Anticorrupción de México establece el marco legal y normativo: “La promulgación
de la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción
representa un avance histórico para el país en la lucha contra la corrupción”
(Gobierno de México, 2015). Así, el sistema es una unión local de actores que
brinda un sistema de gobernanza sobre la corrupción causada por un contexto de
influencia de los grupos delictivos organizados. “El SNA es un esfuerzo de
coordinación que se da entre todas las instituciones que están relacionadas con
la rendición de cuentas y el combate a la corrupción” (Gobierno de México,
2024).
Asimismo,
el gobierno mexicano ha implementado misiones como la operación contra el
narcotráfico para acabar con el crimen organizado o debilitarlo de manera
organizacional y monetaria. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, en
ejercicio de sus facultades legales, presentó a la PGR la primera denuncia por
el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
en contra de miembros de la delincuencia organizada, lo cual permitirá el
inicio de las investigaciones judiciales (Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, 2024).
De tal manera, el
gobierno ha implementado estrategias para desmantelar y disminuir la influencia
del crimen organizado en el Estado. A nivel interno, se ha visto desde
múltiples actores la lucha contra las agrupaciones, como la fuerza pública. Al
cierre de 2022, México tenía alrededor de 222.700 elementos adscritos a
instituciones de policía estatales y aproximadamente 104.200 personas adscritas
a la Guardia Nacional. Según la Encuesta de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública, el 78% de la población considera las labores de la Guardia
Nacional como efectivas, y el 55% opina lo mismo de la policía estatal (InSight
Crime, 2024).
Así, las acciones del
Estado a nivel nacional, con un soporte de veeduría internacional como la
Organización de las Naciones Unidas, el IGCO o InSight Crime, entre otras, han
observado los intentos del gobierno en contra del crimen organizado. Debido a lo
anterior, México ha logrado un puntaje de 4,21 en resiliencia contra el crimen
organizado (Índice Global del Crimen Organizado, 2023c).
No obstante, las
políticas presentadas no han sido suficientes para detener la influencia del
crimen organizado en México, ya que los cárteles y agrupaciones están dentro de
las instituciones.
Corrupción, violencia y
el crimen organizado en las instituciones mexicanas: Un impacto en las
decisiones políticas
Actualmente, México está
permeado por organizaciones o grupos delictivos que afectan la perspectiva de
las instituciones y los intereses de los políticos. Así, investigadores
identifican que los grupos delictivos organizados en México no solo son los cárteles
de droga, sino también, cárteles de corrupción.
El
síndrome de oligarcas y clanes está caracterizado por instituciones débiles,
cuya debilidad termina por difuminar la diferencia entre las esferas públicas y
privadas, a la vez que promueven la participación del crimen organizado en la
conformación de relaciones e intereses (Johnston, s.f., como se citó en Rojas,
2024).
Así, la incertidumbre
política genera un declive en la democracia, debido a que las decisiones de los
candidatos electorales o las políticas emitidas por el gobierno se ven
recubiertas por los grupos delictivos organizados. La violencia en México por
parte de los cárteles ha fomentado prácticas de intimidación y amenazas a
candidatos que estén en contra de los intereses de los cárteles, por lo que los
candidatos desisten de lanzar sus candidaturas o modifican sus campañas para
alinearse a los intereses del crimen organizado (Ponce, 2016, p. 68). Además,
esta situación da una imagen a la gobernanza global de ineficacia en el control
de la violencia causada por los cárteles.
Asimismo, se demuestra la
ineficiencia de las políticas implementadas debido a dos factores importantes:
la economía y la violencia, además de la corrupción. En primer lugar, la
economía se ha visto permeada por el empleo que generan los grupos delictivos
organizados. “El narco es el quinto empleador de México, con entre 160.000 y
185.000 personas (…) Los grupos criminales alistan a 350 personas a sus filas
cada semana” (Vaquero, 2023). Desmantelar los cárteles, en especial el de la
droga, que traspasa fronteras, sería un golpe a la economía interna mexicana.
En segundo lugar, la violencia ha aumentado, no solo en términos de la
delincuencia con fines lucrativos, sino también por el incremento en la
violencia y homicidios en el país (Índice de Paz en México, 2024). Esto
demuestra que los grupos delictivos organizados son una fuerza que debilita la
visión hacia las instituciones y las acciones de la gobernabilidad. En tercer
lugar, la corrupción. En México, las instituciones se han visto manchadas por
los nexos o acciones conjuntas con grupos al margen de la ley, o desfalcos
millonarios que han perjudicado al pueblo mexicano. Un ejemplo sería el caso de
Ayotzinapa.
Los
militares de la vigésimo séptima región participaron en la desaparición de los
estudiantes para interrogarlos, los entregaron a los narcos de Guerreros Unidos
para que los desaparecieran, para que limpiaran el desastre, y todo porque los
confundieron con integrantes de un cártel rival. La gobernabilidad pasó por las
manos del crimen organizado (Escobar, 2021, 2:30-2:48).
Lo anterior indica que el
crimen organizado ha permeado la visión y actuar de las instituciones, tanto
militares como políticas, lo que ha afectado la confiabilidad en el gobierno a
nivel nacional e internacional
Conclusión
México es un país
afectado en su mayoría por presión de los cárteles, tanto políticos,
financieros, como de sustancias psicoactivas, que no han permitido un avance a
nivel institucional. Sin embargo, no se puede afirmar que el gobierno no ha
intentado poner freno a la influencia de los carteles en el cumplimiento de las
funciones de las instituciones. A pesar de lo anterior, se identificó una
ineficiencia en las alternativas de solución para hacer frente al crimen
organizado debido a que las instituciones y el gobierno también se ha visto
afectado desde adentro por los grupos delictivos organizados que dificultan la
identificación de los cárteles y accionar de la fuerza pública.
Finalmente, a pesar de
las medidas institucionales implementadas en México han generado avances en la
lucha contra grupos delictivos, el crimen organizado ha afectado a las
instituciones y la percepción que se tiene sobre ellas a nivel nacional,
regional e internacional al estar en los primeros puestos de indicadores de
criminalidad y presencia del crimen organizado. Asimismo, la violencia y la
corrupción son conceptos claves que han afectado el correcto funcionamiento de
la democracia en México con una oposición hacia candidaturas que no sean del
agrado de los grupos delictivos organizados que monopolizan las posibilidades
de elección y participación ciudanía como representantes. Los grupos delictivos
organizados son un actor inmerso en las decisiones administrativas del país que
ha perjudicado la percepción sobre México, sus instituciones y su compromiso
con la lucha en contra del crimen organizado.
Referencias
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J. (2021, 22 enero). El Crimen Organizado el poder dominante en México
[Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=QyyOvwvln3E
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